La Ley de Seguridad Vial establece que conducir bajo los efectos de drogas puede ser una infracción grave o muy grave. Esta normativa prohíbe el consumo de cualquier tipo de sustancia que altere las capacidades psicofísicas necesarias para conducir de manera segura. Las drogas ilegales son sustancias de esta clase.
El artículo 379.2 del Código Penal castiga severamente a quien conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Tipifica esta conducta como un delito doloso.
Por tanto, conducir bajo efectos de drogas se castiga tanto en el ámbito administrativo, como en el derecho penal.
Los controles como medida de prevención y de identificación de culpables
Las estadísticas encienden una luz roja acerca de este tipo de infracciones. En el 2023 hubo aproximadamente 60.000 condenas de conductores que habían ingerido drogas y alcohol. Más de la mitad de los fallecidos en el tráfico dieron positivo en alcohol o drogas. Las cifras desafían a las autoridades a extremar las medidas para que las calles y rutas sean seguras.
La estrategia de la DGT para reducir la siniestralidad por el consumo de drogas es aumentar los controles y seguir trabajando en las campañas educativas para la seguridad vial.
En realidad, estas campañas no parecen causar efectos notorios. Una fuerte apuesta a los controles es la acción con la que la entidad responsable del tráfico intenta persuadir a los consumidores de que no tienen que conducir.
Si no se convencen por los riesgos a los que se exponen a sí mismos y a los demás usuarios de las vías públicas, muchos evitan conducir drogados o alcoholizados por las multas y las demás sanciones, que en casos de excesos pueden llegar a prisión.
¿Es obligatorio someterse a las pruebas de control de drogas?
El tema del consumo de drogas está presente con énfasis en la legislación española. No solo es una infracción o un delito conducir bajo efectos de sustancias tóxicas, sino que también lo es el hecho de negarse a las pruebas de control.
Cuando un agente de la Guardia Civil o de la Policía lo requiere, es obligatorio someterse a las pruebas de control de drogas. Si el conductor se niega, esta conducta puede considerarse un delito, además de infracción administrativa.
¿Cuáles son las sanciones por negarse a la prueba de control de drogas?
El artículo 383 del Código Penal castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año a quien se niegue a la prueba de control de drogas. Además, se le prohíbe al infractor el derecho de conducir vehículos de motor por tiempo entre uno y cuatro años.
Para que la negativa sea un delito, deben cumplirse ciertos requisitos. En primer lugar, el agente de autoridad debe solicitar con claridad al conductor que se realice la prueba. La otra condición es la respuesta negativa del conductor, que no acepta la prueba.
Por lo tanto, los agentes que realizan los controles se preocupan por dejar bien en claro al conductor que se le está solicitando la prueba. Muchas veces y por el estado de afectación de la persona, se necesita insistir y explicar con calma lo que se le está pidiendo.
¿Es necesario demostrar comportamientos extraños para que los agentes realicen la prueba a un conductor?
La Ley sobre Tráfico y el Reglamento de Circulación disponen que todos los conductores a los que se les requiera tienen la obligación de someterse a las pruebas para la detección de drogas.
El concepto de conductor incluye a los que conducen cualquier tipo de vehículos, incluidos ciclomotores, patinetes eléctricos y bicicletas. Todos están obligados por la ley.
Por lo tanto, podrá solicitarse la prueba a cualquier conductor, aunque no cometa infracciones ni tenga conductas manifiestas de conducir bajo efectos de sustancias tóxicas. Esto es lo que ocurre en los controles preventivos que se realizan al azar.
Por otro lado, hay situaciones específicas en las que se realizan las pruebas. Una de ellas es cuando el conductor está implicado en un accidente de tráfico. Asimismo, se realizará el control de drogas a quienes conduzcan con síntomas de efectos de estas sustancias o cuando se ha recibido una denuncia al respecto.
¿Cuándo es delito negarse a la prueba de detección de drogas?
La negativa a someterse a la prueba de detección de drogas puede considerarse infracción administrativa o puede tipificarse como delito. Ambas categorías implican sanciones diferentes.
En el primer caso, el castigo será una multa. Mientras que en la vía penal se disponen penas de prisión cuando se entiende que es un delito.
¿Cuándo se entiende que negarse a la prueba de control de drogas es un delito?
Conductor con síntomas de haber consumido drogas
La negativa será delito cuando los agentes encargados de los controles constaten síntomas evidentes de que el conductor está bajo influencia de drogas.
Conductor denunciado por conducción temeraria o infracción a otras normas
En caso de que un conductor haya sido denunciado por infracciones a la normativa de tráfico, se podrá exigir control de estupefacientes. Si la persona se niega a estas pruebas, estará cometiendo un delito.
En los casos de controles al azar, si no hay síntomas ni infracciones, generalmente la negativa se trata como infracción administrativa.
En realidad, negarse a la prueba es un comportamiento inútil, pues el conductor será sancionado por dos delitos en lugar de sólo por uno de ellos.
Negarse a la prueba y conducir bajo efectos de drogas son delitos independientes
Ambos delitos se suman, por lo tanto, se castigan por separado. Esto implica que el conductor podrá ser sancionado por negarse a la prueba y también por conducir bajo efectos de sustancias tóxicas.
Cuando a un conductor se lo detiene en la vía pública para un control de drogas, lo primero que debería hacer es llamar a un abogado especialista en tráfico. El profesional garantizará que en todo momento se respeten los derechos de su defendido. Verificará la legalidad de los procedimientos.
Y, en caso de que quiera negarse a someterse a la prueba, el abogado explicará al conductor las consecuencias de esta negativa y valorará si existen motivos legítimos par la negativa. La asistencia legal garantiza que se tomen decisiones informadas, condición esencial para evitar consecuencias graves.
