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¿Qué sucede cuando es detenido por la policía o guardia civil?

¿Qué sucede cuando eres detenido por la policía o guardia civil_

Un ciudadano que es detenido por la policía o por la guardia civil será conducido a un centro de detención de la localidad. ¿Por qué puede ocurrir una detención? La autoridad actuante procede a una detención cuando considera que la persona ha cometido un delito. La ley determina que, dentro de las 72 horas inmediatas a la detención, la persona debe ser puesta a disposición del juez.

Durante el tiempo que permanece en la sede policial, comienza un proceso instrucción, de investigación. La persona detenida tiene derecho a contar con la presencia de un abogado. Puede acudir a uno particular, que él elige, o solicitar un abogado de oficio. En presencia de su abogado, se tomará la declaración del caso, aunque, el detenido puede negarse a declarar.

¿Qué pasa después en el juzgado?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece plazos para las detenciones que realizan la policía o la guardia civil. Estas detenciones pueden obedecer a la decisión de un juez, o a casos en los que la policía encuentra a una persona en el acto mismo del delito, en flagrancia delictiva. Estos plazos definen el tiempo que el detenido puede permanecer en la sede policial.

El plazo máximo de detención es de 72 horas, salvo en casos de terrorismo o similares. Antes de que se cumplan las 72 horas de detención, la persona detenida será puesta en libertad o conducida al juzgado. La ley establece que si la autoridad excede ese plazo, el autor de la detención será castigado.

Por lo tanto, si la policía entiende que existen evidencias para que el detenido pase a juzgado, antes de las 72 horas, será conducido  ante el juez de instrucción de guardia.  Este es el primer paso en la órbita judicial.

El juez de guardia tomará nueva declaración al detenido y resolverá si se lo deja en libertad o se lo mantiene detenido en situación de prisión provisional.

En esta instancia judicial rige el mismo plazo de detención, es decir, 72 horas. Este plazo se cuenta a partir del momento en que el detenido fue puesto a disposición del juez. Es independiente del tiempo que permaneció detenido en la sede policial.

Libertad con fianza, sin fianza o prisión

Si antes de las 72 horas el juez no encuentra fundamentos sólidos para decretar la prisión preventiva, generalmente determinará la libertad. Pero el proceso y las investigaciones continúan. Posteriormente se podrá decretar la prisión en cualquier momento del curso del proceso, si reúne los requisitos necesarios para mantenerlo en prisión.

Si el juzgado de guardia no es el mismo del de instrucción en el lugar en el que se cometió el supuesto delito, el procedimiento continuará en este último. El juez actuante en esta instancia, ratificará la decisión del juez de guardia anterior o la  rectificará.

Podrá acordarse su libertad con o sin fianza. También el juez tiene la potestad de decidir la aplicación de alguna medida cautelar. En atención al tipo de delito del que se lo acusa, el juez podrá establecer la retirada de pasaporte, del permiso de conducir y de otros documentos que puedan contribuir al riesgo de fuga.

¿Qué derechos tiene un detenido por la policía o por la guardia civil?

La persona que es detenida por la policía o la guardia civil, tiene derechos que deben ser respetados desde los primeros momentos de su detención Estos derechos están estipulados en el artículo 126 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Derecho a recibir información de los hechos por los que se lo detiene

La persona detenida debe recibir esta información con los detalles suficientes para que se pueda defender. La ley establece que esta información debe resultar comprensible y accesible. Por lo tanto, se adaptará a la edad, grado de madurez, discapacidad o a cualquier otra circunstancia personal.

Derecho a la asistencia legal gratuita

Toda persona detenida tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado. Si el detenido no tiene medios económicos para contratar uno o no quiere hacerlo, se le asignará un abogado de oficio que atenderá su causa gratuitamente. Es importante tener en cuenta que todas las comunicaciones entre el detenido y su abogado tienen carácter confidencial.

Derecho a actuar en el proceso

Este derecho garantiza el ejercicio de su derecho de defensa. Implica que la persona puede realizar declaraciones u otras actuaciones que redunden en beneficio de su defensa. El procurador y el abogado representarán al detenido y realizarán las actuaciones que correspondan.

Derecho a conocer todas las actuaciones en su causa

El detenido tiene derecho a conocer todo el expediente de su causa en cualquier momento del proceso, a efectos de que pueda realizar su defensa. Generalmente, el abogado se transforma en su representante legal y es él quien se ocupa de conocer lo actuado.

Derecho a traducción o interpretación

En caso de que la persona detenida no hable o entienda el español o la lengua de origen presente en los documentos, puede solicitar un intérprete o traductor.  Este servicio le será brindado en forma gratuita.

Debe recibir esta asistencia en conversaciones, en instancias de juicio oral, en tomas de declaración, en la lectura de documentos y, en general, en todas las instancias en las que lo necesite.

Derecho a guardar silencio

Una persona detenida tiene derecho a no prestar ninguna declaración y a no contestar preguntas si no desea hacerlo.

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

Toda persona tiene derecho a no declararse culpable ni emitir declaraciones en su contra.

El detenido podrá renunciar a estos derechos si así lo desea, pero esta renuncia solo será válida si se realiza después de que ha recibido asesoramiento jurídico suficiente. Hay derechos que son irrenunciables: el derecho a ser informado de los hechos y el derecho a actuar en el proceso para defenderse.

En caso de ser detenido, el primer paso seguro es acudir a un abogado. El profesional actuará desde el principio y conocerá los detalles desde el primer momento de la detención. Con la información detallada, aconsejará a la persona detenida cómo debe actuar, qué le conviene declarar, y estará atenta a que se garanticen sus derechos.

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