Un accidente de tráfico provoca momentos de gran tensión para las personas involucradas. Es un episodio repentino, imprevisto, que deja la mente aturdida y confusa. Desde el ruido hasta la observación de los daños y la incertidumbre llena de dudas, todo contribuye a crear un ambiente de caos.
La llegada de ambulancias y de la policía o guardia civil aumenta el desconcierto. La ansiedad y el miedo suelen aparecer inmediatamente. Y en este estado de cosas, las personas deben tomar decisiones que tienen que ver con la atención médica, con las declaraciones a los agentes o la realización de la Declaración Amistosa del accidente.
Después comienzan las comunicaciones a la aseguradora. Las víctimas toman conciencia de que tienen derecho a recibir indemnización por los daños y perjuicios que el accidente provocó. Y en este punto, la confusión y la confianza pueden ser grandes enemigas y perjudicar sus intereses.
Esta es la situación que suelen vivir las personas que han sufrido accidentes de tráfico. La asimilación de la importancia de contar con un abogado en esas instancias puede marcar la diferencia en los resultados de los procesos que vendrán.
¿Se ocupa la aseguradora de la víctima de gestionar la reclamación de la indemnización?
Otro participante en una situación que se genera a partir de un accidente de tráfico es la aseguradora. Las compañías de seguros pueden incluir en los contratos de seguro obligatorio del vehículo una cobertura de defensa jurídica.
Esta cobertura consiste en prestar servicios de asistencia jurídica y en pagar los gastos que surjan por las reclamaciones por los daños sufridos.
Para cumplir con esta cobertura de defensa jurídica, las aseguradoras cuentan con abogados contratados que atienden los casos que involucran a los asegurados, pero no tienen la posibilidad de elegir a un abogado concreto de su confianza, sino que se asignará uno de ellos según disponibilidad.
Por lo tanto, no quedan dudas de que si lo que se pretende es recibir un trato personalizado por un abogado de su confianza, la mejor opción es contratar un abogado particular. Si bien la asistencia jurídica de la aseguradora puede ser de ayuda en algunos casos, la atención y la dedicación nunca será la misma que la que obtiene por parte de los profesionales particulares.
¿Es legal contratar a un abogado particular y rechazar la participación del abogado de la aseguradora?
El artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguros establece que el asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y el Abogado que lo representen en cualquier procedimiento. Esta elección de un abogado particular se aplica existan o no conflictos de intereses entre las partes del contrato.
Los profesionales contratados en forma particular actuarán en forma independiente y de acuerdo con sus propios criterios. No están sujetos a instrucciones de la compañía aseguradora, sino que responden a su cliente, la víctima reclamante.
Por lo tanto, el perjudicado en un accidente de tráfico puede optar por aceptar la asistencia del abogado de su aseguradora o elegir un abogado independiente que le merezca confianza.
¿Es mejor contratar un abogado particular o aceptar el que ofrece la aseguradora?
La calidad del servicio de un abogado en el proceso que se inicia a partir de un accidente de tráfico es clave para los resultados. Aunque la formación del abogado particular y del contratado por la aseguradora sea la misma, la perspectiva de la gestión del caso no será igual.
Por tanto, al decidir si contratar un profesional particular o aceptar el que le ofrece la aseguradora, es conveniente tener en cuenta algunas consideraciones.
Confianza y atención permanente vs. impersonalidad
Cuando una víctima acude tempranamente a un abogado particular independiente, este se ocupará del caso desde el primer momento. El cliente lo conocerá personalmente y se generará una relación de confianza que será, además, de confidencialidad.
El abogado privado estará disponible para resolver las dudas y el cliente tendrá la seguridad de que realmente conoce su caso y atiende a sus opciones.
En cambio, los casos que tramita la defensa jurídica de la compañía de seguros recién pasan al abogado si se llega la fase judicial. Es decir, que todo o la mayor parte del proceso lo tramitan administrativos de la compañía, a los que se les suele llamar tramitadores, que atienden a la vez a muchos casos.
La víctima a veces no llega a conocer al profesional que gestiona su caso. Por lo que la situación es totalmente impersonal.
Intereses de la víctima vs intereses de la aseguradora
Como hemos visto anteriormente, la diferencia en los intereses es fundamental. El abogado privado estará disponible para resolver las dudas y el cliente tendrá la seguridad de que realmente conoce su caso, le informa y atiende a sus opciones.
El punto de base es que trabaja para la víctima, que es quien le paga. Por lo tanto, se alinea a sus intereses y los defiende. A él debe su fidelidad y su compromiso. Y con esta actitud atiende el caso.
El mismo profesional asumirá todo el proceso. Se ocupará de obtener las pruebas y toda la documentación que necesita para la reclamación, dedicando tiempo y trabajo a estas cuestiones que son fundamentales para los buenos resultados.
No ocurre lo mismo con el abogado que ofrece la aseguradora. Este abogado trabaja para la compañía, que es quien le paga. Por lo tanto, el esfuerzo está concentrado en los beneficios para la compañía.
Conocerá el caso en las últimas instancias previas a la resolución. No tendrá demasiado conocimiento de cómo se gestó. Por lo tanto, lo resolverá sin mayor preocupación por la víctima, porque su misión es cumplir con lo que la aseguradora exige.
Estas son razones que justifican sobradamente la elección de un abogado privado para gestionar la indemnización por accidente de tráfico. Su implicación con el caso hará que negocie con la compañía de seguros para asegurarse de que la víctima reciba la indemnización justa.
Cuestión de costes, aunque pueden repercutirse
Es cierto que al abogado particular hay que pagarlo mientras que el de la aseguradora es gratuito. Pero hay que entender que no es un gasto sino una inversión. Lo que se pierde con la defensa jurídica de la aseguradora puede ser mucho más que lo que se gasta en un profesional particular. Además, siempre es posible negociar para que los honorarios se adapten a la indemnización recibida y acuerdos por el estilo.
Por lo general, en los contratos de seguros se acostumbra a incluir una disposición que permite la libre elección de un abogado. Esto implica que tienes la libertad de seleccionar al experto que prefieras y posteriormente la aseguradora está obligada a reembolsarte el importe correspondiente a sus honorarios. También se suele fijar por parte de la compañía un límite para dicho importe.
