Pocas cuestiones generan tanto debate en los juicios por accidentes de tráfico mortales como la frontera entre la imprudencia grave y la menos grave. De ella depende que el conductor afronte prisión o solo una multa. El Tribunal Supremo ha vuelto sobre esa frontera en su Sentencia 315/2026, de 29 de abril, que confirma la condena de un conductor por dos delitos de homicidio por imprudencia grave tras un adelantamiento en tramo prohibido, con lluvia y con un camión de frente.
En Rodríguez Escudero Abogados analizamos los hechos, los motivos del recurso y la doctrina sobre el “poder saber” y el “deber evitar”, y lo que significan para víctimas y conductores investigados.
Ficha de la sentencia
- Órgano: Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1.ª.
- Resolución: Sentencia n.º 315/2026, de 29 de abril de 2026.
- Recurso: casación n.º 3496/2023, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de abril de 2023 (Rollo de Apelación 9/2023).
- Ponente: Sr. D. Pablo Llarena Conde.
- Identificadores: ROJ: STS 1994/2026; ECLI:ES:TS:2026:1994.
- Fallo: desestima el recurso, con costas al recurrente.
Los hechos enjuiciados
Sobre las 19:30 horas del 13 de mayo de 2021, el acusado circulaba por la N-232 en sentido Vinaroz. El tramo, de un carril por sentido, iniciaba una curva de amplio radio a la derecha, con pendiente ascendente y cambio de rasante, y tenía señalización vertical y horizontal de prohibición de adelantar. Llovía ligeramente.
Pese a haber visto que por el carril contrario venía un camión articulado, el acusado inició el adelantamiento de los dos turismos que le precedían; el segundo, un Volkswagen Golf, lo ocupaba un matrimonio. No pudo fijarse dónde empezó la maniobra, pero sí que se desarrolló, ocupando el carril izquierdo, en el tramo ya afectado por la prohibición.
Tras rebasar al primer turismo, comprobó que no podía completar el adelantamiento del Golf sin chocar con el camión y giró bruscamente a la derecha para volver a su carril. Por la brusquedad de la maniobra alcanzó la parte trasera del Golf, que salió proyectado al carril contrario y chocó frontalmente con la tractora, pese a que su conductor frenó e intentó esquivarlo. Fallecieron los dos ocupantes del Golf.
El recorrido procesal
La Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Sexta, en su Sentencia n.º 470/22, de 1 de diciembre de 2022, condenó al acusado como autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal, en concurso ideal del artículo 77, a dos años y diez meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y privación del derecho a conducir durante cinco años, con las costas, incluidas las de la acusación particular.
La pena está en la mitad superior del marco de uno a cuatro años, como exige el artículo 77.2 del Código Penal. Recurrieron en apelación el acusado y las acusaciones, con adhesión del Ministerio Fiscal; el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó todos los recursos en su Sentencia 23/2023, de 19 de abril, y el condenado acudió en casación.
Lo que planteaba el recurso
El recurso anunciaba cuatro motivos, pero la defensa desistió del relativo a la individualización de la pena. El Supremo examinó los otros tres empezando por la presunción de inocencia.
Presunción de inocencia e in dubio pro reo
La defensa alegaba que la condena descansaba en conjeturas y que las contradicciones entre testigos y peritos debían llevar a la absolución. La Sala aprecia prueba de cargo plural (testigos, agentes de la Guardia Civil y su informe técnico) y, sobre el punto de inicio del adelantamiento, afirma:
“Lo determinante para la imputación no era fijar milimétricamente el punto de arranque, sino establecer si el desarrollo de la maniobra y, singularmente, su fase crítica y final, se ejecutaron ya dentro del tramo prohibido.”
Tampoco importa no saber qué alcance fue primero, porque en ambas hipótesis la causa fue la maniobra de escape del acusado. Y el in dubio pro reo no ayuda, ya que “el principio no obliga a dudar, sino a absolver cuando, valorada toda la prueba, persistan dudas en el Tribunal respecto de la culpabilidad del acusado”.
Error en la valoración de la prueba (art. 849.2 LECrim)
Este cauce exige un “error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios”. La defensa lo apoyaba en el informe de su perito, que negaba incluso que el vehículo del acusado hubiera golpeado al Golf. El Supremo repasa los requisitos de este cauce (STS 36/2014, de 29 de enero) y añade que “El parecer pericial no reside en la materialidad del escrito en el que se plasma el dictamen, sino en el contenido técnico que incorpora y en la explicación, ratificación, aclaración y contradicción que el perito ofrece en el acto del juicio. Se trata, por ello, de prueba personal.”
Además, el dictamen chocaba con los vestigios del impacto y con el propio acusado, que admitió haber golpeado al Golf. Había, dice la Sala, una “mera contraposición entre la tesis acogida por el Tribunal y la débil e injustificada alternativa patrocinada por la defensa”.
Infracción de ley (art. 849.1 LECrim): ¿grave o menos grave?
El motivo central pedía aplicar el artículo 142.2 del Código Penal, por falta de certeza sobre el inicio del adelantamiento, la velocidad y el punto de colisión. La Sala recuerda que este cauce parte de los hechos probados: “el juicio casacional no puede construirse, como pretende el recurso, sobre la base de lo que no quedó acreditado, sino sobre lo que la sentencia declaró probado”.
La doctrina del Supremo: imprudencia grave frente a menos grave
El artículo 142.1 del Código Penal castiga al que “por imprudencia grave causare la muerte de otro” con prisión de uno a cuatro años y, si conducía un vehículo a motor, con privación del permiso de uno a seis años. El 142.2 castiga la imprudencia menos grave con multa de tres a dieciocho meses y privación del permiso por igual tiempo, y tras la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, establece: “Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.”
En mayo de 2021 regía la redacción de la Ley Orgánica 2/2019, distinta en la letra pero igual en la lógica: la menos grave opera “cuando no sea calificada de grave”. Adelantar donde está prohibido es infracción grave (art. 76.c de la Ley sobre Tráfico), lo que asegura como mínimo la imprudencia menos grave, pero no excluye la grave.
Con cita de su STS 320/2025, de 3 de abril, la Sala recuerda que la LO 1/2015 suprimió las faltas y creó la imprudencia menos grave. Rechaza que esta sea la antigua leve y, con la STS 805/2017, de 11 de diciembre (caso Madrid Arena), y la Sentencia de Pleno 421/2020, de 22 de julio, que sea una porción de la grave: hay que “dividir la antigua categoría de imprudencia leve en dos grupos: las imprudencias más graves de las antiguas leves y las restantes”. La grave conserva su sentido tradicional:
“la imprudencia es grave cuando incorpora el olvido o la desatención de las más elementales, básicas y obvias medidas de precaución. Se trata de una negligencia superlativa o máxima, con omisión de toda cautela”
El “poder saber” y el “deber evitar”
“la diferencia entre la imprudencia grave y la imprudencia menos grave reside en la dimensión o el peso de la conducta de desatención, lo que obliga a evaluar las posibilidades que el sujeto tenía para prevenir el resultado («poder saber») y al grado de infracción del deber de cuidado («deber evitar»).”
No importa tanto qué norma se infringe como “la importancia o relevancia del deber omitido de cuidado en función de las circunstancias del caso”. La Sala lo resume en una escala:
“Si la imprudencia leve es la simple omisión de la diligencia exigible, concurre la imprudencia menos grave cuando se desatiende un deber medio de previsión para la evitación de un riesgo en la actividad que se despliega, convirtiéndose en grave cuando el abandono de la previsión se muestra intolerable.”
Por qué el adelantamiento fue imprudencia grave
El Supremo califica la conducta como grave “sin margen razonable para una degradación típica”. El acusado acometió un doble adelantamiento en un tramo cuyo trazado, visibilidad y señalización imponían lo contrario, y sabiendo que un camión venía de frente. Y matiza:
“No se trata, por ello, de una simple infracción reglamentaria erigida mecánicamente en título de imputación penal. Lo determinante no es solo la vulneración de la prohibición de adelantar, sino el significado material que esa infracción adquiere en el contexto en que se produce.”
Era un riesgo que el conductor podía conocer y debía evitar; por eso la Sala concluye que “no estamos ante un error venial de cálculo, sino ante la creación de un peligro radical e intenso”, derivado de una maniobra que nunca debió iniciarse o que debió abortarse sin invadir el carril ajeno.
La Sala precisa, por último, que no le corresponde analizar, en los términos del recurso, la aplicación del artículo 142 bis del Código Penal, que permite imponer motivadamente la pena superior en un grado cuando el hecho reviste notoria gravedad y ha causado la muerte de dos o más personas (o la de una y lesiones graves de otras), y en dos grados si los fallecidos son muy numerosos.
Claves prácticas para víctimas y para conductores investigados
- El contexto pesa más que la señal infringida. Una infracción grave de tráfico no basta por sí sola para la imprudencia grave, pero tampoco la descarta: trazado, visibilidad, meteorología y lo que el conductor vio son decisivos.
- Las dudas parciales no siempre favorecen al acusado. Si la fase crítica de la maniobra y el nexo causal quedan probados, no saber dónde empezó o qué choque fue primero no impide condenar.
- La reconstrucción técnica es la prueba clave. Deformaciones, posiciones finales y tacógrafo fueron determinantes; conviene intervenir en ella desde la instrucción.
- La pericial de parte debe ser coherente con los vestigios. Si contradice los daños y la versión del propio acusado, pierde credibilidad.
- En casación no se repite el juicio. La batalla sobre los hechos se libra en la instancia y en la apelación.
- Para las familias, personarse como acusación particular permite influir en la calificación y en la responsabilidad civil.
Conclusión
La STS 315/2026 aplica con claridad la doctrina del Pleno de 2020: la imprudencia menos grave es la parte más seria de la antigua leve, y la grave sigue reservada al olvido de las precauciones más elementales. Las separa el peso del deber de cuidado infringido, medido por lo que el conductor podía prever y lo que debía evitar.
Adelantar en zona prohibida no es automáticamente imprudencia grave. Pero hacerlo en curva, con pendiente, cambio de rasante, lluvia y un camión a la vista ya no es una desatención media, sino un abandono intolerable de la prudencia. Todo se decide sobre los hechos probados, y estos se fijan con la prueba técnica.
Preguntas frecuentes
La grave supone desatender las precauciones más elementales y se castiga con prisión de uno a cuatro años. La menos grave desatiende un deber medio de cuidado y se castiga con multa de tres a dieciocho meses. Con vehículo a motor, ambas llevan privación del permiso.
No necesariamente. Es una infracción grave de tráfico que, si determina el resultado, asegura al menos la imprudencia menos grave. Será grave cuando el contexto convierta la maniobra en un desprecio de las cautelas elementales, como en este caso.
Son los criterios con los que el Supremo mide la imprudencia: las posibilidades del conductor de prever el resultado y el grado en que infringió el deber de cuidado. Cuanto más previsible el riesgo y más elemental la cautela omitida, más grave es.
Dos años y diez meses de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo y privación del derecho a conducir durante cinco años, por dos homicidios por imprudencia grave en concurso ideal. El Supremo la confirmó con costas.
Solo excepcionalmente: cuando hay un único dictamen o varios coincidentes, no contradichos por otras pruebas, que revelen inequívocamente el error. Si otras pruebas lo contradicen, es prueba personal y no abre la vía del artículo 849.2 LECrim.
