Imposibilidad de repetición de aseguradora tras condena por alcoholemia de nuestro cliente. La prevalencia del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

En el complejo ámbito del derecho de seguros y la responsabilidad civil automovilística, la acción de repetición de la aseguradora contra su asegurado o el conductor del vehículo es una figura jurídica de enorme relevancia práctica. Sin embargo, existen supuestos en los que, por la falta de cumplimiento de determinados requisitos legales o contractuales, puede declararse la imposibilidad de repetición de aseguradora frente a los responsables del siniestro. Un reciente litigio, que culminó con sentencias desestimatorias tanto en primera instancia como en apelación, ofrece un caso de estudio paradigmático sobre los límites de esta facultad y la importancia capital de los requisitos formales en la redacción de las pólizas de seguro. Este artículo analiza cronológicamente el iter procesal del caso, desde la demanda inicial hasta la resolución de la Audiencia Provincial, poniendo en valor la estrategia del letrado del despacho Rodríguez Escudero Abogados, que, con precisión y profundo conocimiento jurisprudencial, logró una contundente doble victoria para las demandadas.

El supuesto de hecho es frecuente en nuestros tribunales: un siniestro de circulación provocado por una conductora que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La aseguradora, Mutua Madrileña Automovilista, tras indemnizar a los perjudicados por un importe de 44.554,81 euros, interpuso una demanda de juicio ordinario para repetir dicha cantidad contra la tomadora del seguro y propietaria del vehículo, y contra nuestra cliente la conductora en el momento del accidente. La base de su pretensión era doble: el derecho de repetición que le confiere la ley en casos de conducción bajo influencia de alcohol y una cláusula de exclusión de cobertura contenida en un pacto adicional de la póliza.

Lo que a primera vista parecía un caso con altas probabilidades de éxito para la aseguradora, se transformó en un ejemplo de cómo una defensa técnica y bien fundamentada puede desarticular la pretensión actora, centrando el debate no en la reprochable conducta de la conductora, sino en el incumplimiento por parte de la propia aseguradora de sus obligaciones legales de transparencia contractual.

• Un caso de repetición de aseguradora por conducción bajo los efectos del alcohol terminó con doble victoria judicial para las demandadas.
• La defensa logró demostrar que la cláusula de exclusión de la póliza no cumplía los requisitos de transparencia exigidos por la Ley de Contrato de Seguro.
• Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial confirmaron la imposibilidad de repetición de la aseguradora al considerar inválida la cláusula invocada.

Fase de primera instancia: la construcción de una defensa sólida

El procedimiento se inició ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 87 de Madrid. La demanda de MMA se articulaba sobre la base de que la póliza suscrita por nuestra cliente, que incluía tanto el seguro obligatorio como uno voluntario, contenía un pacto adicional que excluía expresamente la cobertura en supuestos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Frente a esta reclamación, se desplegó por parte de Rodríguez Escudero Abogados una estrategia de defensa multifacética, atacando la pretensión desde distintos flancos procesales y sustantivos:

1. Falta de legitimación pasiva: en defensa de la conductora se argumentó que, al no ser ni tomadora ni asegurada, no había suscrito la póliza ni, por ende, había prestado su consentimiento a la cláusula de exclusión. Sostenía que una cláusula limitativa de derechos, que exige una aceptación expresa y destacada conforme al artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), no podía serle oponible a quien era un tercero en la relación contractual.
2. Excepción de prescripción: la defensa de la tomadora se enfocó en alegar que la acción de repetición, cuyo plazo es de un año desde el pago al perjudicado, había prescrito. Argumentando que, entre los pagos efectuados por la aseguradora y la interposición de la demanda, había transcurrido con creces dicho plazo.
3. Nulidad de la cláusula de exclusión: este fue el pilar fundamental de la defensa y, a la postre, la clave del éxito. Este despacho sostuvo que la cláusula invocada por MMA no cumplía con los requisitos imperativos del artículo 3 de la LCS. Se denunció que la estipulación no estaba destacada de modo especial, sino que se encontraba inmersa en un documento de “letra pequeña, indistinta, abigarrado, sin espacios ni distinciones”, lo que impedía a la tomadora comprender su alcance y prestar un consentimiento informado y válido.

El Juzgado de Primera Instancia, en su Sentencia de 22 de abril de 2019, realizó un análisis minucioso de cada una de las excepciones planteadas. Si bien desestimó las dos primeras (falta de legitimación pasiva y prescripción), acogió íntegramente el argumento nuclear de la defensa.

Respecto a la legitimación pasiva, el juzgador entendió que el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 8/2004 permite a la aseguradora repetir contra el conductor, el propietario y el asegurado, configurándose como una acción ex lege que no depende exclusivamente del vínculo contractual.

En cuanto a la prescripción, la sentencia aclaró, con acierto, que el cómputo del plazo de un año se inicia desde la fecha del último pago efectuado al perjudicado, no desde los pagos parciales. Habiendo pagos en 2016 y 2017, y mediando un acto de conciliación que interrumpió el plazo, la demanda se interpuso dentro del límite legal.

Sin embargo, fue en el análisis de la validez de la cláusula de exclusión donde la labor del abogado defensor encontró pleno respaldo judicial. El juez, tras examinar el “PACTO ADICIONAL” aportado por MMA, lo describió en términos inequívocos:

“Una grafía pequeña indistinta, abigarrada, sin espacios ni distinciones, sin resaltos o llamadas de atención”, un “texto apretado, de letra similar y pequeña”, concluyendo que resultaba “cansado, ininteligible y precisado de continuas ayudas”.

La sentencia fundamentó su fallo en la consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que distingue entre el seguro obligatorio y el voluntario. En el seguro obligatorio, la facultad de repetición es casi automática por imperativo legal. No obstante, cuando coexiste un seguro voluntario —como en este caso—, este opera como un complemento no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Aquello excluido del seguro obligatorio (como la conducción bajo los efectos del alcohol) puede quedar cubierto por el voluntario, salvo que exista una cláusula limitativa de derechos que cumpla escrupulosamente los requisitos del artículo 3 de la LCS.

Al no cumplir la cláusula dichos requisitos, el juzgador la declaró inaplicable. Por tanto, el riesgo estaba cubierto por el seguro voluntario, y la aseguradora carecía de acción para repetir las cantidades abonadas. La demanda fue íntegramente desestimada, con expresa condena en costas a MMA.

La fase de apelación: la confirmación de una estrategia ganadora

Mutua Madrileña interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, insistiendo en un supuesto error en la valoración de la prueba y en la interpretación del derecho de repetición. Desde el despacho Rodríguez Escudero Abogados, en defensa de las apeladas, nos opusimos al recurso, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia y la condena nuevamente a las costas procesales del procedimiento de apelación.

La Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial, en su Sentencia de 25 de noviembre de 2019, no solo confirmó la resolución recurrida, sino que reforzó sus argumentos con una contundente exposición de la jurisprudencia aplicable. La Sala fue clara al establecer que la cuestión central ya había sido tratada por la misma Sección en supuestos idénticos.

El tribunal de alzada reiteró los postulados clave:

1. Diferenciación entre seguro obligatorio y voluntario: el seguro voluntario se rige por la autonomía de la voluntad y la libertad contractual.
2. Naturaleza de la cláusula: la exclusión de la cobertura por conducción en estado de embriaguez es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, no una cláusula delimitadora del riesgo. Como tal, su validez y oponibilidad dependen del cumplimiento del requisito de la “doble firma” y del destacado especial que exige el artículo 3 de la LCS.
3. Valoración de la cláusula concreta: la Audiencia compartió plenamente la valoración del juez de instancia sobre el formato y redacción de la cláusula. Afirmó que “se halla confundida y sin destacar en modo alguno, dentro de un texto abigarrado de difícil lectura, en letra de tamaño mínimo y sin la necesaria distribución en apartados para facilitar su comprensión”. Concluyó que la cláusula no superaba siquiera el control de incorporación y transparencia.

La sentencia de apelación desestimó el recurso, confirmando íntegramente la de primera instancia e imponiendo nuevamente las costas a la aseguradora apelante.

Valoración del trabajo del despacho Rodríguez Escudero Abogados: la clave del éxito

El resultado de este litigio pone de manifiesto la excelencia de la estrategia procesal seguida por la defensa. El abogado supo identificar con agudeza el punto débil de la reclamación de la aseguradora, que no residía en la conducta de la conductora —objetivamente sancionable—, sino en las propias deficiencias del contrato de seguro.

La victoria no fue fruto de la casualidad, sino de una defensa técnica que demostró:

• Visión estratégica: en lugar de centrar la defensa únicamente en negar los hechos o en las excepciones procesales (que, aunque se plantearon, no fueron el eje central), el letrado atacó el corazón de la pretensión: la validez del título contractual en que se basaba la exclusión.
• Profundo conocimiento jurisprudencial: la defensa se apoyó de manera sólida en la doctrina del Tribunal Supremo sobre cláusulas limitativas y la interacción entre el seguro obligatorio y el voluntario, una línea jurisprudencial que resultó decisiva para ambos tribunales.
• Capacidad argumentativa: el abogado logró persuadir al Juzgador de que la cuestión fundamental no era la alcoholemia de la conductora, sino el deber de transparencia y claridad que la ley impone a las aseguradoras. Convirtió un caso de repetición por exclusión de riesgo en un caso de protección del asegurado frente a cláusulas abusivas o no informadas debidamente.

En definitiva, este caso ilustra a la perfección cómo el rigor técnico y una estrategia bien definida pueden prevalecer. La labor del abogado defensor fue crucial para garantizar que los derechos de las aseguradas fueran protegidos, recordando a las entidades aseguradoras que la ley no solo les otorga derechos, como el de repetición, sino que también les impone obligaciones ineludibles de claridad y transparencia en sus relaciones con los asegurados. La doble victoria obtenida es un merecido reconocimiento a una defensa jurídica de primer nivel.

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