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Responsabilidad de la administración en accidentes de tráfico

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Los accidentes de tráfico conllevan importantes daños para los perjudicados que los sufren. A veces, será otro conductor el que cause el siniestro y, por tanto, quien acumule toda la responsabilidad del suceso. No obstante, habrá circunstancias en las que parte o toda la responsabilidad sea de la Administración Pública por los accidentes de tráfico acontecido.

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública  se encuentra prevista en la Ley, 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 32 se expresan los Principios de la responsabilidad, situaciones en las que la Administración indemnizará a los perjudicados de un accidente de circulación. También se establecen otros factores esenciales para que se derive responsabilidad patrimonial por el siniestro.

Tipos de responsabilidad de la Administración en accidentes de tráfico

En España, la ley está articulada para amparar a los perjudicados de un accidente de tráfico desde diversas vertientes.

  • Por un lado, en aquellos casos en los que sean ciudadanos los que causen el daño, de forma dolosa o imprudente.
  • Y, por otro lado, cuando sea la propia Administración la que ocasione el resultado lesivo por alguno de los motivos que se señalarán más adelante.

Ambos causantes del accidente podrán compartir la responsabilidad si las circunstancias particulares que acrediten dicha responsabilidad así lo indiquen.

Administración Pública como única responsable del accidente vial

La Administración es la encargada de hacer cumplir que las condiciones de las vías públicas sean las óptimas para la conducción y para el uso al que se destinan. El incumplimiento de esta obligación puede materializarse en las siguientes conductas activas u omisivas:

  • Mala señalización o, incluso, inexistencia de la misma.
  • Diseño de la vía y de sus correspondientes accesorios de seguridad como principal peligro para los conductores.
  • Conservación precaria y desatendida de las carreteras.

Este incumplimiento puede ser la causa principal de un accidente de tráfico. Según el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, la responsabilidad derivada del accidente vial correspondería al titular de la vía.

Diversos son los pronunciamientos de los tribunales con respecto a estos incumplimientos. En un primer lugar, se pueden observar sentencias en contra del titular de la vía por semáforos que no funcionan, señales dañadas o inexistencia de las mismas.

Por ejemplo, la STSJ CAT 1612/1998, del 20 de febrero de 1998, por el derribo de una señal de ‘ceda el paso’ que no fue reparada y, por tanto, produjo un accidente. Un supuesto en el que dos coches colisionaron, sin mediar culpa ninguno de los conductores, al no existir señal que regulase el tráfico.

O la SAN 5531/2002, del 8 de octubre de 2002, por la colisión con un animal salvaje en vía pública. En ningún tramo de la vía existía señalización que alertase a los conductores del avistamiento en carretera de estos animales. Al no haber señales que avisen del posible peligro, es la Administración la responsable al ser la titular de la vía. Esta tiene el deber de velar por la seguridad de los conductores.

Seguidamente, algunos magistrados también se han pronunciado por un mantenimiento incorrecto de las carreteras. Situaciones con neumáticos, rocas, árboles o aceite que cortaban la vía o aumentaban el riesgo de accidente de circulación.

La STSJ NA 1213/2000, del 09 de junio de 2000, muestra una de estas situaciones. Se trata de una pérdida de control del vehículo al derrapar el coche a causa de una mancha de gasoil en la calzada. La institución responsable debía mantener y conservar la calzada, comprobando que no hubiera obstáculos para una correcta circulación. La falta de diligencia ante este supuesto hace que la Administración deba indemnizar los daños causados al perjudicado. Por lo que se pudo comprobar, esa pérdida de control no se debió a un exceso de velocidad.

Como estas, existen una gran variedad de sentencias que responsabilizan a la Administración por los daños y perjuicios sufridos en accidentes de tráfico.

Responsabilidad solidaria con los perjudicados o causantes del siniestro

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La responsabilidad solidaria concurre cuando el accidente vial conllevase una concurrencia de culpas por parte de los intervinientes. Por un lado, a causa de la conducta del propio perjudicado o terceras personas. Y, por otro lado, por la amplificación de los daños por no existir la debida diligencia por parte de la Administración.

A raíz de esto, se pueden derivar situaciones muy amplias. Desde la Administración puede concurrir lo ya mencionado; Una mala señalización o la inexistencia de la misma, condiciones precarias de mantenimientos o un diseño de la vía peligroso para el usuario. En lo que respecta al perjudicado o terceras personas, pueden preverse reventones de neumáticos, exceso de velocidad, negligencia al conducir u otros.

La jurisprudencia ha citado algunos casos como la STSJ GAL 1616/1997, del 18 de diciembre de 1997. Esta desarrolla un caso de colisión de dos vehículos en un cruce por no respetar la preferencia de paso. Las condiciones de visibilidad no eran idóneas en dicho cruce, con un diseño desfavorable para el conductor, pero no lo suficientemente malas como para que este no pueda actuar correctamente. Algo que provoca la responsabilidad solidaria entre el acusado y el ente público correspondiente.

Exoneración de la responsabilidad patrimonial del Estado ante situaciones especiales

Cabe destacar que la Administración no siempre podrá ser considerada responsable si hay ausencia del nexo causal exigible entre la conducta y el daño producido. Ello también subsumirá casos en los que el ente público no haya sido debidamente diligente en mantener las condiciones de circulación adecuadas.

Casos como el explicado en la STS 1093/1981, del 12 de noviembre de 1981, en el que una motocicleta es alcanzada por un turismo. Los hechos se desarrollan cuando el perjudicado por el accidente de tráfico circulaba por un arcén, encallándose en un bache que lo despide hacía el turismo. En todo momento, la circulación por el arcén estaba prohibida para cualquier vehículo (incluidas las motocicletas).

Por ello, al no haber un nexo causal entre la conducta y los daños, la Administración no es responsable de este suceso. El motociclista debería haber circulado por la zona correspondiente, por lo que no cabe imputar responsabilidad a la institución pública.

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