Cuando se produce un colapso del sistema judicial, la aplicación de la ley no es efectiva y se vulneran los derechos de las víctimas, con consecuencias muy perjudiciales para las mismas. Se forma un círculo vicioso: la persona perjudicada por los retrasos reclama judicialmente, y aumenta la carga de trabajo con la que los tribunales no pueden cumplir.
En el caso específico de accidentes de tráfico, la legislación se caracteriza por disponer de plazos para las diferentes acciones, además muchas de las víctimas de accidentes de tráfico se ven en una situación de desprotección, ya que no pueden trabajar por las lesiones que han sufrido y no tienen derecho a percibir ninguna prestación para poder subsistir y cubrir los gastos de tratamientos médicos, ayudas de tercera persona, transporte o cualesquiera otros que sean necesarios para su atención
¿Cómo se puede contrarrestar este efecto del colapso judicial?
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Un abogado especialista en asuntos de tráfico conoce muy bien los tiempos y sabe cómo negociar con las aseguradoras. Será capaz de evitar demoras en el reconocimiento de las indemnizaciones a pagar. En caso de que el caso llegue a juzgado, sabe cómo moverse en ese ámbito y activa mecanismos para acelerar el proceso. De esta manera, el profesional podrá conseguir que las víctimas reciban lo que les corresponde en el menor tiempo posible.
La trágica carrera de agosto de 2003 veinte años después
Un caso ocurrido en 2003 y resuelto finalmente veinte años después se ha hecho muy conocido en España. Es un ejemplo muy significativo de los efectos del colapso de los juzgados en el derecho a juicio justo.
El muy grave accidente que ocurrió en Barcelona dejó a los cinco integrantes de una familia con secuelas severas y en situación de dependencia en grado máximo. A dos de ellos se les reconoció invalidez permanente. Los otros tres afectados tuvieron lesiones menos graves. La justicia estableció que correspondía una indemnización de 800.000 euros, que la familia cobró, aunque está a la espera de los intereses que podrían alcanzar los tres millones.
El caso penal para castigar a los responsables llegó a juicio en 2008 por demoras en la fase de instrucción. Actuaciones nulas por errores procesales llevaron a que se juzgara en 2015 y la sentencia se dictara en 2018. En el proceso hubo, además, cambios de ponente del tribunal.
La aseguradora y los responsables del accidente recurrieron la sentencia. Y la causa siguió esperando resolución definitiva.
Es así el caso llegó al 2023. En mayo, la novena Audiencia de Barcelona dictó una sentencia que estableció la prescripción de los delitos por los que fueron condenados los conductores en primera instancia, en el año 2018.
La sentencia se fundamenta en que, pese a los tiempos transcurridos por responsabilidad del sistema judicial, las demoras y cambios de ponentes no interrumpen los plazos de la prescripción.
En atención a este argumento, se absuelve de la responsabilidad penal a los conductores culpables. Las víctimas iniciaron ya una nueva demanda en el ámbito civil.
Todo este caos y encadenamiento de peripecias nefastas para la justicia tiene explicación en el sistema judicial colapsado.
El colapso judicial perjudica el cobro de indemnizaciones por accidentes de tráfico
A la situación crítica del sistema judicial por la falta de personal y de recursos y la abrumadora cantidad de casos a resolver, se suma el efecto de la sucesión de huelgas de personal de la Administración de Justicia.
Un dato significativo es que con la huelga de los Letrados que se inició el 24 de enero y finalizó el 27 de marzo se han suspendido 400.000 juicios y vistas, hay 480.000 demandas que no pudieron ser presentadas y 1.500 millones de euros retenidos en las cuentas de consignaciones. Las cifras son abrumadoras.
El sindicato reclama acuerdos y negociaciones, más personal y nuevas condiciones laborales. El Consejo General de Abogacía advierte de las nefastas consecuencias para el funcionamiento de los juzgados si no se llega a un acuerdo.
Se ha afectado especialmente al cobro de las indemnizaciones por accidentes de tráfico. Se han paralizado los juicios y no se admiten nuevas demandas. Por esta razón, los abogados consideran que se vulneran los derechos constitucionales de los ciudadanos.
El impacto del colapso judicial en las respuestas de los juzgados
El tiempo es enemigo en los procesos de reclamación de indemnizaciones por accidente de tráfico. Y esta necesidad de actuar lo antes posible se incrementa por el colapso judicial que hace que todo se retarde.
Es fundamental cumplir con los plazos que la ley establece para cada instancia del proceso de reclamación. Sin embargo, este cumplimiento no garantiza que la respuesta llegue en poco tiempo.
La acumulación de trabajo que tenga el juzgado será un factor de peso en los tiempos de respuesta, aunque las solicitudes se hayan presentado en tiempo y forma. En función de esta carga, los tiempos se alargan y las resoluciones de cobro pueden demorar más de dos años en casos leves en la vía civil y extenderse más aún en el ámbito penal.
El ejemplo del accidente de Barcelona es representativo de cómo la justicia se afecta con la saturación de los juzgados que no logran procesar todos los casos a tiempo. Y siempre, el perjudicado es el ciudadano que depende de una resolución para resolver su conflicto.
Esto lleva a que muchas personas acepten propuestas de las compañías aseguradoras que no se ajustan a derecho cuando el siniestro ha sido leve. Prefieren cobrar la indemnización propuesta aunque no repare el daño causado de forma íntegra uy sea contraria a las disposiciones legales, dejando de lado el baremo, todo ello para evitar un juicio interminable.