La Unión Europea fue creada para promover la cooperación, el desarrollo y la estabilidad de la región. Desde su surgimiento ha evolucionado hasta convertirse en una organización con competencias en múltiples ámbitos, uno de los cuales es la seguridad y el tráfico.
El artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es la base jurídica para la conformación de un ámbito de seguridad vial. En ese marco, en mayo de 2018 la Comisión Europea presentó un plan en materia de seguridad vial para 2021-2030. Este plan de acción estratégico, “Europa en Movimiento”, dispone de una serie de medidas para mejorar el tráfico en el territorio de la UE.
Entre estas medidas, se incluyeron nuevas pautas, por ejemplo, la tasa máxima de alcohol permitida a los conductores y el uso de los sistemas avanzados de asistencia al conductor.
También se atendió a propuestas sobre el carnet de conducir y sobre el intercambio de información entre países sobre infracciones de tráfico.
El bloque legisló sobre transporte de mercancías, sugerencias de infraestructura vial, sanciones a conductores, implantación y características de centros de llamadas de emergencia, inspección técnica de vehículos.
Es muy profusa la producción de la Comisión Europea vinculada a la regulación del tráfico, y ha ido evolucionando para acompañar los cambios en los vehículos y los ciudadanos.
¿Por qué la seguridad en el tráfico es preocupación de la Unión Europea?
La libertad de tráfico en el territorio de la Unión Europea es uno de los pilares fundamentales de la integración comunitaria. Este principio garantiza que personas y mercancías puedan circular sin restricciones entre los países miembros. De esta manera se fomenta la cooperación económica, la movilidad laboral y el comercio.
A su vez, este libre tráfico exige ciertos parámetros generales que regulen la movilidad en la región. La existencia de una normativa común permite que los conductores, tanto particulares como profesionales, se manejen con reglas homogéneas en diferentes países. Así se evitan confusiones y se reduce el riesgo de infracciones involuntarias.
Además, con estas líneas de acción compartidas se facilita la cooperación en la aplicación de sanciones transfronterizas, asegurando que los infractores no queden impunes si cometen una falta en otro país de la UE.
Con esta base normativa común en el tráfico, la Comunidad Europea se propone mejorar la seguridad vial en todo el territorio del bloque. Las directivas europeas, como Europa en Movimiento, proponen estándares mínimos en cuanto a formación de conductores, homologación de vehículos y gestión de tráfico, medidas que tienen a reducir los accidentes y a proteger a los ciudadanos. Sin embargo, estas líneas generales de acción tienen espacio para la autonomía de los países.
¿Hasta dónde la directiva Europa en Movimiento determina la legislación española sobre accidentes de tráfico?
El Parlamento europeo ha aprobado numerosas resoluciones en las que se destacan la importancia de la seguridad vial. Asimismo, ha trabajado para una definición homogénea de los conceptos de seguridad vial, para establecer una base común que permita mejorar la investigación de los accidentes y comparar resultados.
La pertenencia a la UE implica aceptar un marco normativo compartido que busca beneficiar a todos los estados miembros. Esta es la situación de España. Dentro de la unidad, los países miembros como España conservan una autonomía significativa, aunque su pertenencia al bloque los obliga a respetar ciertos alineamientos establecidos por la Comunidad.
Esta autonomía les permite legislar en aspectos específicos de la seguridad vial, de circulación y de gestión del tráfico dentro de su territorio. Pero la condición es que no contradigan los principios y directivas de la Comunidad Europea.
Por lo tanto, España debe garantizar la compatibilidad de su normativa con las directrices europeas. En la práctica, la autoridad española tiene un margen de acción para atender a las necesidades y particularidades específicas de su territorio y de su población.
Velocidad, límites, sistema de puntos y sanciones
Uno de los ámbitos en los que cada país puede legislar de manera independiente es la regulación de los límites de velocidad en sus carreteras.
Aunque la UE establece recomendaciones generales, cada país tiene libertad de fijar los límites en función de sus propias evaluaciones y de sus condiciones viales. En este sentido, España ha determinado sus propias velocidades máximas en autopistas, carreteras y zonas urbanas.
El sistema de permisos de conducción y el esquema de puntos es otro aspecto en el que España se mueve con libertad. Aunque la UE establece criterios básicos para la expedición de licencias, cada país define el proceso de obtención, renovación y sanción de los permisos de conducir. Por ejemplo, en España el sistema de puntos es una decisión propia que no depende de exigencias comunitarias.
El régimen de sanciones por infracciones de tráfico, la señalización vial, la formación de conductores, la regulación de restricciones de circulación en determinadas zonas, también responden a políticas nacionales o locales. Un ejemplo claro es la delimitación de las Zonas Básicas de Emisiones (ZBE), que, si bien surgieron por iniciativa de la UE, cada país las estableció según sus condiciones.
España mantiene una amplia capacidad de decisión en la regulación del tráfico dentro de su territorio, siempre que respete los principios generales establecidos a nivel europeo.
El bloque apoya con financiación a los estados miembros
La Unión Europea destina fondos a sus países miembros para financiar políticas de seguridad vial y adherir al proyecto general de la UE. Los fondos provienen de programas. Uno de los principales instrumentos de financiación es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que ayuda a los países a mejorar sus carreteras y a implementar nuevas tecnologías en gestión del tráfico.
El Mecanismo Conectar Europa es otra fuente clave de financiación destinada a mejor la red de transporte en la UE, asegurando que las carreteras sean más seguras y eficientes. A través de este programa se financian proyectos de modernización de autopistas, de eliminación de puntos peligrosos en la red vial y de medidas innovadoras para prevenir accidentes.
También el Programa de Seguridad Vial proporciona recursos para campañas de concienciación y formación de conductores. Cada país puede acceder a fondos especiales para investigación y desarrollo de innovaciones.
Los conductores españoles pueden vivir situaciones que involucran derechos y obligaciones especialmente cuando circulan fuera de España. Un abogado con experiencia en tráfico ofrecerá el mejor asesoramiento para garantizar el alcance de las normativas y evitar problemas legales y económicos. Aunque la UE funciona como unidad, no hay que olvidar que se rige por el derecho internacional.
