La reforma del Código Penal dispuesta por la Ley 11/2022, de 13 de septiembre, adapta la normativa de las situaciones de Imprudencia en la conducción, circulación y delito de fuga a la realidad actual. Estas modificaciones evitan en la práctica algunas reducciones de penas y disponen sanciones por los delitos menos graves.
La ley es muy reciente. La persona víctima o protagonista de una imprudencia en la conducción debería consultar a un abogado especializado, para conocer con certeza sus derechos y para saber cómo gestionar la situación personal a la que se enfrenta.
Antes de esta reforma legal, las imprudencias menos graves generalmente se archivaban, porque el Código las condicionaba a la entidad de la imprudencia en la conducción a efectos de las penas. En caso de que la entidad de la infracción no hubiera producido consecuencias graves, se habilitaba al juez a enviar la causa a archivo. Esta situación era perjudicial para las víctimas, pues no atendía a sus reclamaciones y favorecía al infractor.
La reforma del Código Penal de septiembre de 2022, acota esta posibilidad y protege a las víctimas. Las modificaciones introducen precisiones y limitan la libertad del juez en las decisiones de archivo. Se pretende evitar que imprudencias por infracciones que deben entenderse como menos graves se pasen a archivo por tipificarlas como leves.
Imprudencias menos graves en la nueva versión del Código Penal
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El foco de las diferencias en los artículos de la versión anterior y de la actual del Código Penal se encuentra fundamentalmente en el concepto de la imprudencia menos grave. Para categorizar una imprudencia en la conducción como menos grave o grave, el juez atenderá a estas circunstancias:
- El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor cometió una infracción grave o muy grave de las normas de circulación.
- Como consecuencia derivada de esta infracción se produjeron lesiones relevantes o la muerte de la víctima.
En caso en que ocurran estas dos condiciones, no se podrá considerar la imprudencia como menos grave o grave. Es importante tener en cuenta que la imprudencia no es lo mismo que la infracción. La infracción hace referencia a la Ley de Tráfico y expresa la violación a las normas de tráfico. La imprudencia es un concepto penal que se basa en la valoración de la intención del deber de cuidado y la potencialidad de la acción realizada. Es decir, que la imprudencia es la intensidad de la omisión del deber de cuidado. Su categorización pertenece al Código Penal.
Por lo tanto, un conductor que haya cometido una infracción grave, a efectos del Código Penal puede haber incurrido en una imprudencia menos grave. La reforma establece claramente que, cuando el conductor cometió una infracción grave, jamás podrá considerarse imprudencia leve.
También puede darse el caso de que la infracción de tráfico haya sido considerara muy grave y sin embargo no alcance la gravedad a efectos penales. Por lo que será considerada imprudencia menos grave.
Los cambios en el régimen sancionador en la reforma del Código Penal
La reforma del Código Penal dispuesta por la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, también introduce cambios en el régimen de sanciones aplicables por imprudencias en la conducción. Los más evidentes son:
Delitos menos graves
Se precisa la categorización de imprudencia menos grave. “Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave”.
Las multas
- Se reduce la pena de multa a uno o dos meses en caso de imprudencia menos grave que produzca lesiones relevantes, pero no invalidantes. Se trata de lesiones que no provocan invalidez a la víctima, pero sí requieren de tratamiento médico o quirúrgico. Estos casos son juzgados por un juez de instrucción, pero se aseguran todas las garantías para la víctima, aunque no sea asistida por un abogado o un profesional.
- Si las lesiones por imprudencia menos grave provocan pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, de un sentido, impotencia o esterilidad, deformidad o enfermedad grave física o psíquica, se mantiene la multa de 3 a 12 meses.
Derecho a conducir vehículos a motor
En delitos de imprudencia menos grave, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor es obligatoria, como en todos los delitos contra la seguridad vial. Al juez compete la atribución del grado de gravedad. Solo en los delitos leves la prohibición de conducir resultará de la consideración del juez.
Información al Juez
Se establece la obligatoriedad de la autoridad administrativa de informar a la autoridad judicial del fallecimiento o lesiones de víctimas provocadas por imprudencias en la conducción. Se acompañará la comunicación del atestado.
Delito público
Cuando la consecuencia de la imprudencia en la conducción considerada menos grave provoca la muerte de la víctima, se considerará un delito público. Por lo tanto, no será necesaria la denuncia de la persona perjudicada ni de su representante legal. La autoridad judicial podrá proceder a investigar los hechos directamente.
Motivación para archivar el caso
Para archivar el caso, el juez deberá determinar que no existe relación entre la infracción grave y la producción del hecho.
Delito de fuga
La reforma del Código Penal 2022 establece que será castigado como autor de un delito de fuga al conductor que voluntariamente se va del lugar de los hechos en el que hay fallecidos o lesionados. La ley actual pone el énfasis en el tipo de lesiones causadas por el accidente y no en si la imprudencia es grave o menos grave para establecer un delito de fuga.
¿La reforma limita las potestades del juez?
La Ley 11/2022, de 13 de septiembre que reforma el Código Penal, no pretende restarle al juez la facultad de apreciar si se cometió una imprudencia, ni la de si se cometió o no una infracción administrativa grave de normas de tráfico. Tampoco interfiere en la determinación del juez del nexo causal entre la imprudencia y el resultado de muerte o de lesiones relevantes.
Si finalidad es reforzar la protección a las víctimas, estableciendo algunas precisiones en los conceptos que afinan las decisiones judiciales. De esta manera, se dota al sistema penal de una mayor seguridad jurídica para caracterizar objetivamente las conductas peligrosas generadoras de riesgos de imprudencia menos grave. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo la adecuación de las penas y las conductas merecedoras de sanción penal.