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Libre elección de abogado particular para reclamar accidentes

Libre elección de abogado particular para reclamar accidentes de tráfico

De acuerdo con la normativa vigente, todos los ciudadanos tienen el derecho a la libre elección de su abogado. Esta elección no se limita solo a consultas, sino que se extiende a la defensa de intereses y a reclamar una indemnización en casos de accidentes de tráfico.

El artículo 76 d) de la Ley de Contrato de Seguro establece de manera clara el derecho a la libre elección de abogado y procurador. Este derecho permite al asegurado designar libremente a estos profesionales para la defensa de sus intereses en cualquier procedimiento, incluyendo litigios por accidentes de tráfico y divergencias contractuales.

El abogado y procurador designados por el asegurado no están sujetos a las instrucciones del asegurador en ningún caso. Esta independencia asegura que la representación legal se mantenga alineada con los intereses del cliente, ofreciendo una defensa imparcial y efectiva en situaciones de conflicto de intereses entre las partes del contrato.

La libre elección del abogado

Es frecuente que las personas tengan confusiones respecto al servicio de abogados proporcionado por la compañía de seguros en sus pólizas. Es muy importante comprender que no hay obligación de aceptar el abogado designado por la aseguradora.

La contratación de un abogado independiente tiene como objetivo principal la reclamación de una indemnización. Cuando se producen lesiones o daños materiales en un siniestro vial, es esencial buscar el resarcimiento por parte de los responsables. El abogado de libre elección presenta estrategias para obtener la indemnización más alta posible.

Aunque las aseguradoras cuentan con tramitadores capacitados, es probable que ofrezcan indemnizaciones mínimas. Los tramitadores del seguro tratarán de resolver rápidamente el caso con ofertas limitadas para no afectar económicamente a la compañía. Por lo tanto, un abogado independiente puede ser clave para garantizar una defensa efectiva y la obtención de una indemnización justa.

La cobertura de defensa jurídica

La defensa jurídica es una cobertura esencial en los contratos de seguro, diseñada para respaldar los gastos derivados de acciones legales en nombre del asegurado. Esta cobertura se centra en sufragar los costos relacionados con la reclamación de indemnizaciones y reparación de daños ocasionados en el accidente.

El artículo 76 a) de la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS), establece que el asegurador asumirá los gastos resultantes de la intervención del asegurado en cualquier procedimiento, ya sea administrativo, judicial o arbitral, relacionado con el objeto del seguro.

Además, proporcionará servicios de asistencia jurídica, tanto judicial como extrajudicial, dentro de los límites legales y contractuales. Todas las compañías de seguro tienen la obligación de incluir la defensa jurídica para sus asegurados.

El alcance de la cobertura

Casi todas las coberturas de un seguro están sometidas a límites, ya sean establecidos legalmente o acordados contractualmente. En particular, la cobertura de defensa jurídica presenta dos tipos de límites: cualitativo y cuantitativo.

El límite cualitativo puede extender o reducir la garantía de defensa al conductor o al asegurado, abarcando incluso a los ocupantes del vehículo. Este aspecto es esencial para entender la amplitud de la protección ofrecida por la defensa jurídica.

El límite cuantitativo establece la cantidad máxima que la aseguradora abonará en concepto de gastos de defensa jurídica. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 24 de febrero de 2021, destaca la importancia de estos límites y cómo pueden afectar al asegurado.

Procedimiento en caso de accidente de tráfico

En caso de un accidente de tráfico, el primer paso es firmar el parte amistoso. Este documento establece los detalles del accidente y es fundamental para la gestión posterior del siniestro.

Después de la firma del parte amistoso, es esencial someterse a una revisión médica. Esta evaluación certificará las lesiones sufridas durante el accidente, proporcionando un respaldo documentado para futuras reclamaciones y peritajes.

Un consejo valioso es contactar lo antes posible con un abogado especializado en accidentes de tráfico. Este profesional no solo va a ofrecer asesoramiento experto, sino que también lleva a cabo las acciones necesarias para asegurar una reclamación de indemnización adecuada.

La rapidez en la consulta es vital, ya que existen plazos legales y procedimientos específicos conocidos por profesionales experimentados.

Reclamación a la aseguradora

La segunda fase del proceso consiste en establecer contacto con la aseguradora contraria y solicitar, de manera legalmente establecida, que proceda al pago. Para esto se debe adjuntar toda la documentación relevante.

Una vez formulada la reclamación, la compañía tiene un plazo de tres meses para responder. Las posibles respuestas pueden desembocar en cuatro escenarios distintos:

  • Falta de respuesta. Si la aseguradora no responde en el plazo establecido, se debe interponer una demanda de reclamación de daños y perjuicios derivados del accidente de tráfico.
  • Negación de responsabilidad o lesiones. Cuando la respuesta es negativa respecto a la responsabilidad o lesiones, se inicia una discusión judicial que aborda el tipo de accidente, la culpa y, en caso de lesiones, su naturaleza y relación con el incidente.
  • Aceptación con pago parcial. Si la aseguradora acepta pagar una cantidad inferior a la considerada legítima, se puede aceptar ese importe ofrecido como pago parcial. Sin embargo, se debe evaluar la conveniencia de reclamar la diferencia mediante una demanda judicial.
  • Aceptación total del pago. Cuando la aseguradora acepta pagar la totalidad de lo solicitado, se procede a aceptar el pago, se firma un finiquito y se cierra el caso.

La culminación de los desacuerdos es la demanda y el juicio, una etapa determinante donde se debe contar con verdaderos especialistas en accidentes de tráfico. Esto es fundamental para defender los intereses del cliente con la mayor garantía posible.

Otros datos de interés

El artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) establece que el asegurador asume la responsabilidad de la defensa jurídica del asegurado, a menos que exista un acuerdo en contrario. Sin embargo, una excepción relevante surge cuando la misma compañía aseguradora representa tanto al reclamante como al reclamado.

En tales situaciones, la normativa indica que la aseguradora debe comunicar de inmediato esta coincidencia al asegurado. Este último tiene la facultad de decidir si continúa bajo la dirección jurídica de la compañía o prefiere designar un abogado independiente.

La cantidad asignada en el “derecho a la defensa jurídica” es reclamable a la compañía de seguros, una vez concluido el procedimiento. Este mecanismo busca equilibrar la elección entre el abogado de la aseguradora y el particular, permitiendo al asegurado basar su elección en criterios razonables.

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