¿Son siempre indemnizables los errores judiciales?

Los errores judiciales son aquellos que surgen de una declaración judicial previa. Pero, a los objetivos del derecho de reclamar una indemnización se le suman aquellos que han surgido de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que están formulados de manera directa en el Ministerio de Justicia. Pero ¿qué se consideran errores judiciales, y cuáles de ellos darían derecho a una posible indemnización? A continuación, analizamos este tipo de situaciones.

¿Cuándo hay error judicial?

Es importante conocer que no cualquier error es susceptible de ser indemnizado, o, mejor dicho, no toda posible equivocación se interpreta como un error judicial.

Las diferentes sentencias han sentado los requisitos básicos que se deben cumplir para ser estimado como tal:

• El hecho denunciado debe ser un error de peso, de máxima gravedad.
• Evidente e injustificado, cualquier persona puede ser capaz de evidenciar el error judicial y no existe una explicación basada en un razonamiento lógico.
• Existe una conclusión que está fuera de los cauces legales vigentes. La decisión tiene como base normas o leyes que no existen o, en el caso de existir, han sido interpretadas sin ningún sentido lógico.
• Parten de hechos que son distintos a los que basan la propia resolución.

Supuestos en los que no se considera el error judicial

Las equivocaciones de hecho o de derecho no son en sí mismas un error judicial. Así la jurisprudencia deja claro que no se está ante un acto de este tipo cuando:

• La decisión del Tribunal es posible de justificar dentro del cauce legal o de la interpretación de un razonamiento lógico de las normas existentes, aunque sean equívocas.

Requisitos para un proceso por error judicial

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece una serie de requisitos para que se pueda llevar adelante un procedimiento de declaración de error judicial. El objetivo es el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado y no la corrección de este. ¿Cómo conseguir hacer valer de una forma más efectiva este tipo de derechos?

En este sentido, se han establecido como exigencias para un proceso de declaración de error judicial las siguientes:

• Se debe validar que se cumplen los requisitos para exigir una indemnización por responsabilidad patrimonial.
• Haber agotado todas las instancias de recursos que vienen previstos en la normativa vigente. Este agotamiento de recursos hace referencia a todos aquellos que puedan resultar procedentes previstos en la normativa para hacer frente al fallo judicial.
• El plazo para reclamar un reconocimiento de error judicial es de tres meses a partir de la fecha en que se ejecutó.
• Presentar un recurso de revisión en materia civil.
• Este recurso debe ser interpuesto en el Tribunal Supremo. Se tomará en consideración el que corresponda a la jurisdicción donde se ha presentado el error
• Se evaluará la participación del afectado en los aspectos que causan el supuesto error judicial. Si se considera que hay una solicitud no demasiado fundamentada de las pretensiones o ya se han obtenido las mismas, se eliminaría la posibilidad de encontrar un nexo con el daño.
• El plazo para dictar una sentencia es de 15 días. Dicha sentencia será definitiva, por lo que no será posible interponer nuevo recurso por ninguna de las partes.
• Si se deniega el error judicial, las costas serán a cargo de quien realizó la petición de revisión.
• Cuando se declara el error judicial, el siguiente paso será presentar la solicitud de indemnización al Ministerio de Justicia.

Para solicitar y reclamar indemnizaciones por errores judiciales en sentencias, autos, etc., lo más adecuado siempre es recurrir al asesoramiento de un abogado experto.

Solicitud de indemnización por error judicial

Una vez aceptado y declarado el error judicial, el interesado debe reclamar la correspondiente indemnización. En este caso la demanda debe contener:

• Los datos personales del solicitante: Nombres y apellidos, domicilio de contacto para recibir las notificaciones.
• Una descripción de los hechos donde se visualice la relación entre el error judicial y los daños sufridos por el afectado.
• La valoración económica. El daño debe ser, por tanto, efectivo, evaluable en lo económico y factible de individualizar.
• Todos los documentos que permitan probar el error judicial para justificar la solicitud de indemnización.

Responsabilidad patrimonial por error judicial

Los daños y perjuicios que se ocasionen por un error judicial avalan a una indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración de justicia. Para que esta se concrete es necesario que:

• Se pueda comprobar el carácter directo y objetivo en la sentencia.
• El daño que se efectúa está provocado por acciones determinadas de miembros pertenecientes al Poder Judicial. No se aplica para las equivocaciones específicas de abogados, procuradores o del propio Ministerio Fiscal
• La cuantificación e individualización del daño incluye aquellos morales, físicos, emergentes y de lucro cesante.
• Se ajustan únicamente a los casos en que se acredita un funcionamiento anormal de la Administración de justicia, un error judicial o una prisión preventiva indebida.

¿Quién es el responsable del error judicial?

La responsabilidad del error judicial recae sobre el Estado y no sobre los jueces o Tribunal. Los daños o perjuicios que pudieren ocasionarse deberán ser reparados por el Estado.

Los jueces o magistrados no son, constitucionalmente, responsables civiles en el derecho comparado. El supuesto de que así fuera atentaría contra la libertad de la justicia.

Conclusión

El error judicial está regulado en la Constitución Española, que establece los daños causados por estos dará lugar al derecho de indemnización. Los responsables antes un error judicial es el propio Estado y no los jueces o tribunal que hayan intervenido en la sentencia.

Los criterios por los cuales se aprecia un error judicial son su carácter especial, valorable económicamente, de posible individualización a una persona o grupo y que no tenga justificación por un razonamiento lógico o justificado en el ordenamiento.

Esto permite afirmar que no todos los errores judiciales son indemnizables. Antes de iniciar un procedimiento de reclamación hay que agotar todas las instancias de interposición de recursos posibles y disponer del asesoramiento de un abogado especializado para analizar la viabilidad del caso y llevar adelante la reclamación sin errores.