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Inconstitucionalidad del Impuesto de plusvalía según el Tribunal Supremo

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Recientemente, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre la inconstitucionalidad el impuesto de plusvalía municipal. En concreto, se ha abordado la forma en la que los Ayuntamientos calculaban este tipo de tributo. Hasta la fecha, la forma de hacerlo era mediante una fórmula fija.

Se partía de la base de que, al traspasar por venta, herencia o donación, el bien transmitido siempre se revalorizaba. Es decir, se consideraba que este aumentaba su precio, aunque eso no sucediera. En la meritada sentencia se declaran inconstitucionales los artículos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que regulaban la forma en que se establecía hasta ahora la base imponible de este tributo.

¿Qué es el impuesto de plusvalía?

La plusvalía municipal es un tributo que ejecutan los Ayuntamientos sobre las ventas, herencias o donaciones de bienes. Su funcionamiento comienza cuando se realiza un traspaso o transmisión, con indiferencia de si están edificados o no. En el momento de gravar la transmisión se tributa, en esencia, sobre lo que se considera un aumento del valor.

Formalmente, este tributo es conocido como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Fundamentación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía municipal

Con la STS 182/2021, de 26 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional falló a favor del recurso núm. 749/2016, planteado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

¿A qué afecta la sentencia del TC?

Con esta resolución, los magistrados declararon inconstitucionales algunos preceptos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Algo que causó la nulidad de los artículos 107.1 – segundo párrafo, 107.2 sección a y 107.4.

El principal motivo para declarar nulos estos artículos se basó en la posible oposición a los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad. A partir de esta modificación, la ley es formulada de forma distinta, pudiendo consultar la actual vigencia aquí.

No obstante, la sentencia evita que se revisen todas aquellas resoluciones definitivas que se hayan resuelto con anterioridad. Incluiría todo tipo de sentencias, tales como las motivadas por fuerza de cosa juzgada, resolución administrativa firme o la propia autoliquidación sin constancia de recurso en contra. De existir un recurso o estar en el plazo para presentarlo, se practicará en base a la nueva legislación.

Consecuencias jurídicas que tendrá su aplicación

El método utilizado hasta el momento para calcular la base imponible recibe una nueva interpretación tras lo declarado por este órgano judicial. Una interpretación que ya ha pasado por varias adaptaciones, al percibirse problemas en el pasado. Estos estuvieron relacionados con una sucesión del inmueble que generaba pérdidas para el receptor o un tributo que superaba las ganancias derivadas de la recepción.

Por su parte, el gobierno español redactó el nuevo sistema a seguir, constatado en el Real Decreto-ley 26/2021. Añade nuevos medios para calcular el impuesto de plusvalía municipal, contando ahora con dos opciones.

Aplicación del Real Decreto-ley 26/2021: nuevos sistemas de cálculo y exenciones de pago

La nueva norma vigente trae consigo una doble perspectiva para determinar la base sobre la que se calculará el impuesto de plusvalía. Serán los contribuyentes, ergo, aquellas personas afectadas por estos tributos, los que elijan como quieren estimar el valor de su inmueble.

Sistema objetivo

Se usan como referencia coeficientes que se encargan de determinar el valor del terreno en función al plazo transcurrido desde que se adquirió. Su intervalo oscila entre menos de un año de la posesión del bien hasta más de 20 años. A mayor tiempo, mayor coeficiente base establece la normativa. Puede consultar esta tabla, accediendo al artículo 107.4 de la citada ley.

Este coeficiente es multiplicado por el valor catastral dando como resultado el importe a tener que pagar. Para mantener este impuesto actualizado con respecto a los mercados inmobiliarios, esta tabla de referencia se modifica cada año.

Estimación de forma directa

Con la estimación directa se parte de dos variables. Por un lado, el precio de compra del inmueble y, por otro lado, el de venta. Usando estos dos valores se hace una comparación que estimará la ganancia real.

Además, la estimación final que se utilice puede ser la que más beneficie al contribuyente, aún cuando el resultado que se obtiene es inferior a la estimación objetiva.

Para computar los años transcurridos hasta el momento de trasmisión, no se tendrán en cuenta fracciones. Esto significa, por ejemplo, que, si han pasado 4 años y 10 meses, se entenderá como 5 años. Si no ha transcurrido más de un año, se usarán meses completos para el cálculo.

Adicionalmente, esta regulación permite a los ayuntamientos la posibilidad de aplicar un coeficiente reductor sobre el valor que hayan arrojado los cálculos.  Este podrá ser, como máximo, de un 15% sobre ese resultado.

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Casos que eximen del pago del impuesto de plusvalía municipal

A fin de evitar pérdidas con la cesión del inmueble, la ley prevé en su artículo 104 aquellos supuestos que se excluyen del pago de este impuesto.

Fundamentalmente, esto sucederá cuando la venta de cualquier tipo de terreno en propiedad no obtenga ningún beneficio. Al no considerarse ningún incremento del valor, con respecto al precio de compra anterior, se exime al propietario del pago de la plusvalía municipal.

No obstante, es esencial demostrar este extremo, para hacerlo tendrá que ofrecer a la Administración competente la documentación pertinente. Entre esta deberá figurar el titulo de adquisición de la propiedad y aquel que verifique la transmisión de la misma. A ello habrá que añadirle una declaración donde alegue la inexistencia de ninguna ganancia.

Todas aquellas sucesiones que se realicen por resoluciones judiciales estarán excluidas de este tributo. Sobre todo, en aquellos supuestos en los que un conyugue debe transferir la propiedad a otro o, respectivamente, a sus hijos.

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